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Mientras Hidalgo y Morelos combatían por la independencia, en España el pueblo luchaba para expulsar a los franceses, que los había invadido en 1808. El gobierno provisional que habían formado los españoles convocó a una junta de representantes de todo el imperio, incluyendo las colonias, que se reuniría en el puerto de Cádiz.

 A las Cortes de Cádiz  acudieron diecisiete representantes de la Nueva España. Estos diputados exigieron que los españoles y los hispanoamericanos fueran iguales ante la ley; que se suprimieran las castas (la discriminación a quienes eran hijos de las mezclas entre españoles, indios y negros); se abrieran más caminos, escuelas e industrias; que los habitantes de la Nueva España pudieran participar en su gobierno; que hubiera libertad de imprenta y se declarara que la soberanía (el derecho a mandar, la autoridad para gobernar) reside en el pueblo.

La Constitución Política de la Monarquía Española, como se llamó el documento que produjeron las Cortes, se promulgó en marzo de 1812. El documento limitó los poderes del rey y estableció que todos los habitantes del imperio, nacidos en España o en América, eran iguales; también eliminó el tributo (impuesto debido en productos) que pagaban los indígenas.

Muchos diputados americanos y españoles estaban de acuerdo con que la situación cambiara; querían libertad y un gobierno apegado a las leyes. Eran liberales. Muchos otros no querían que las cosas cambiaran; pensaban que era mejor conservarlas como estaban. Eran conservadores.

Con la Constitución de Cádiz en vigor, los territorios de América tenían derecho a enviar representantes a España para defender sus intereses. Sin embargo, cuando las tropas de Napoleón fueron expulsadas de España, en 1814, subió al trono Fernando VII y se negó a gobernar conforme a la Constitución.

En España muchos liberales fueron perseguidos y encarcelados por el gobierno del rey Fernando VII. En 1820 lograron el apoyo de una parte del ejército y obligaron a Fernando VII a que gobernara de acuerdo con la Constitución de Cádiz. Aunque el rey no tardó en deshacerse de ella y volvió a mandar como déspota, ese breve tiempo en que se vio obligado a aceptar la Constitución tuvo consecuencias muy importantes en la Nueva España.

 

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